La Directiva Marco del Agua Europea fue aprobada en 2000, siendo el resultado de un proceso de negociaciones y acuerdos que duró más de cinco años. En su formulación participaron centenares de expertos, organizaciones medioambientales, consumido-res y gestores. El resultado es una norma básica sobre la gestión del agua, común para toda la Unión Europea.
El propósito de esta Directiva es establecer un marco de protección para todas las aguas superficiales continentales, las aguas de transición, las aguas costeras y las aguas subterráneas, al objeto de prevenir su deterioro y promover su uso sostenible gracias a su protección a largo plazo. Este objetivo deberá conseguirse en cada cuenca hidrográfica para el año 2015.
Para ampliar la información puede consultar:
Para el año 2015 todas las aguas de la Unión Europea deberán estar en buen estado; además será necesario tener en cuenta la recuperación de los costes de los servicios relacionados con el uso del agua, de manera que se garantice su sostenibilidad a largo plazo. Las unidades de gestión y planificación son las cuencas hidrográficas, que podrán agruparse para formar demarcaciones hidrográficas. Una de estas demarcaciones se corresponde con la cuenca Gran Canaria.
Para ello hay que aplicar las medidas necesarias para proteger las aguas, prevenir su deterioro y regenerar las que se encuentren en mal estado. Estas medidas deberán basarse en un buen conocimiento de las cuencas hidrográficas, de las causas que deterioran los ecosistemas acuáticos, y en el seguimiento del estado de las aguas.
Para cada demarcación hay que hacer, entre otras, las siguientes actividades:
Una vez conocido el estado de las masas de agua en relación con los objetivos ambientales definidos, se diseñará el programa de medidas encaminadas a corregir los efectos no deseados y a garantizar el uso sostenible del agua.
Estas medidas tendrán que estar definidas en el año 2009. En parte se basan en la integración de otras normativas de carácter medioambiental; entre estas medidas se encuentran:
Para el seguimiento del estado de las masas de agua y evaluar la eficacia del programa de medidas, se diseñarán redes de control de las principales variables de estado cualitativas y cuantitativas. También las zonas protegidas deben ser objeto de este seguimiento.
Actualmente la isla cuenta con más de 100 puntos de control que miden, entre otros, aspectos como niveles de llenado de embalses, parámetros fisicoquímicos y nivel de las aguas subterráneas.
Estas redes se están ampliando y actualizando para adaptarse a los requisitos de la Directiva.
La Directiva persigue que la utilización del agua para los diferentes usos contribuya a la recuperación de los costes que supone su disponibilidad en condiciones adecuadas, manteniendo los ecosistemas acuáticos en buen estado, teniendo en cuenta los efectos sociales, ambientales y económicos de la recuperación y las condiciones geográficas y climáticas.
La actividad humana genera impactos sobre las aguas que es preciso corregir. La aplicación del principio de “quien contamina paga” pretende que los gastos necesarios para devolver los ecosistemas acuáticos a una situación aceptable se asuman, en buena medida, por los causantes de su deterioro.
Ver análisis económico del agua en Gran Canaria
¿Por qué hay que hacerlo?
Las aguas están sometidas cada vez a más presiones, fundamentalmente debido a la contaminación y a la creciente necesidad de agua de buena calidad. Estas presiones comprometen su disponibilidad sostenible a largo plazo, por lo que es necesario aplicar medidas que inviertan las tendencias negativas.
Por otro lado el agua es uno de los principales sostenes medioambientales y su deterioro acarrea graves consecuencias. Proteger el agua significa proteger los ecosistemas de los que forma parte inseparable.
En definitiva, con la aplicación de la DMA podemos esperar muchos aspectos:
Para la consecución de sus objetivos, la Directiva marca un calendario de actividades, entre las que se destacan:
A través de un proceso de participación pública en la planificación, basada en la transparencia de la información.
Además es necesario prevenir la contaminación donde se genera y asegurar que todas las fuentes de contaminación se gestionan de manera sostenible.
¿Quién tiene que hacerlo?
Cada Estado tiene que designar “autoridades competentes” que serán las responsables de dar cumplimiento al contenido de la Directiva. En el caso de la cuenca de Gran Canaria, la el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria, desempeña esta función.
Son muchas las partes interesadas, la DMA involucra desde los consumidores individuales, los grandes usuarios de agua (por ejemplo el sector agrícola y la industria), así como los usos secundarios (por ejemplo, las actividades recreativas), hasta las compañías de abastecimiento y tratamiento del agua, científicos, conservacionistas y autoridades encargadas de la planificación del uso del agua y del suelo en los niveles local, regional, nacional e internacional.
No obstante todos debemos contribuir a alcanzar los objetivos de la Directiva porque el agua es importante para todos.